Agricultores única aplicación

Tena, 15 de septiembre de 2020.- En la comunidad Campo Cocha, de la parroquia Ahuano, 30 agricultores de la Asociación Mushuk trabajaron en una minga para sembrar 60.000 semillas de maíz híbrido de alto rendimiento (DKALB 7088) en una hectárea de terreno. Por ello es necesario fomentar el acceso al conocimiento de los jóvenes agricultores y ... aplicación de las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se estima ... cabe destacar que su perceptor es la única entidad con representatividad nacional de Cientos de agricultores de India están usando una nueva aplicación que permite reconocer un número creciente de plagas y enfermedades de los cultivos y entrega consejos sobre cómo tratarlos Voruganti Surendra es un granjero que cultiva arroz en el distrito de Guntur, Andhra Pradesh. Él y cientos de sus colegas agricultores están usando una nueva […] Una única aplicación. Autorizado en trigo, cebada, centeno y triticale. También efectivo contra vallico. Trinity® destaca por su control de malas hierbas de hoja ancha, incluso las más difíciles. BASTOS® Recomendado para el control de malas hierbas anuales en los cultivos de cebada ciclo largo y trigo ciclo largo. Una única aplicación. Kiwis, ‘big data’ y ecología: una receta china para sacar a los agricultores de la pobreza Las plantaciones de la depauperada provincia de Guizhou apuestan por la tecnología para incrementar ... ¿Cómo es la PAC para los pequeños agricultores? El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural; regula el régimen simplificado para pequeños agricultores en el art 86 y ss: Appsforfarming - Aplicación para smartphones que permite a los agricultores registrar datos, compartirlos y enviar consejos. Digital Green (India - favoriza el enfoque humano para utilizar tecnologías modernas : las informaciones están reunidas gracias a la producción de vídeos, a través de un proceso participativo). Se formularon políticas y se realizó una aplicación experimental de un programa mejorado de seguros para cultivos en 50 distritos (se calcula que en la primera temporada de cosechas participaron unos 400 000 agricultores). Los agricultores que contaban con seguro lograron pagos más rápidos de sus reclamaciones. Los agricultores cuyo importe total de pagos directos a percibir no se estimó superior a 1.250 euros antes del 15 de octubre de 2015, fueron ... podrá renunciar al mismo en el periodo de presentación de la solicitud única de cada año, teniendo entonces que ... estar exentos de controles relativos a la aplicación de la condicionalidad. La aplicación móvil soydeunica facilita el control de la produccin agrícola. Disponible para socios, trabajadores y empleados de Unica Group.

Por un 155 para el agrocantón murciano, cutre y sedicioso

2020.01.25 04:29 alforo_ Por un 155 para el agrocantón murciano, cutre y sedicioso

Lo de Murcia –una región a la que se viene señalando como región fallida, en razón singularmente de las fechorías de un poder agrario dominante e intratable– va alcanzando cotas de escándalo de difícil parangón. Faltaba, para adornar y redondear el desmadre agrario, consustancial con las políticas regionales, permisivas y delicuescentes de las últimas décadas, la irrupción cavernícola de las huestes de Vox que, con un porcentaje del 28 por 100 conseguido en la región en las últimas elecciones (récord nacional, con el récord municipal de Torre Pacheco, 38 por 100), en pocos meses se han retratado como machistas inveterados, racistas sin disimulo y grotescos analfabetos ambientales, hundiendo a la región en la desolación y el sonrojo. Convertidos en fuerza decisoria regional, ya que permiten al PP y a Ciudadanos dirigir la política autonómica, sus excentricidades ultras nos han regalado ese último florón del “pin parental”, que amenaza con encadenar un insulto tras otro.
No es, sin embargo, este exabrupto (de franquistas remodelados) llegado desde el gobierno murciano lo que más debe preocupar ya que, a fuer de soez, deberá ser rápidamente fulminado por el gobierno central, sino la situación agro-ambiental, que desde estas páginas venimos describiendo y que va aumentando de gravedad según evolucionan las consecuencias del envenenamiento del Mar Menor, porque tanto las entidades agrarias como el gobierno regional persisten en eludir sus responsabilidades y en mantener el rodillo depredador de una agricultura de saqueo.
En la ideología y la práctica de la autoridad regional actúa una rebelión decidida contra toda norma de protección ambiental, tanto si viene de Madrid como si es elaborada por ella misma, dado el cariz que invariablemente adquiere: un articulado frívolo y tramposo que, redactado deprisa y corriendo, entra de lleno en la categoría de los textos inútiles e incompetentes, saturados de espíritu negacionista y (sobre todo) exculpador, con el objetivo, siempre, de garantizar la impunidad de los culpables directos e indirectos.
Este es el caso del recientemente aprobado decreto-ley de Protección Integral de Mar Menor, última norma de la serie iniciada tras alcanzar esta laguna marina el colapso biológico: un texto criticado, por insuficiente y ambiguo, por todos los sectores proteccionistas, pero que ha sido consensuado con los principales responsables del crimen (agricultores del Campo de Cartagena, en primer lugar) y que carece de garantías de cumplimiento (siendo este el más serio problema regional: el menosprecio libre y general de toda la normativa agro-ambiental).
En este marco desesperante, el presidente regional, Fernando López Miras, ampara al gremio agrario repitiendo una y otra vea que “No hay que buscar culpables” o, más aviesamente, “El Estado es el culpable y, en cualquier caso, debe pagar la recuperación de la laguna”. Y así resume la firme postura de un gobierno regional pelele, enteramente en manos del poder agrario e incapaz, por ejemplo, de parar obras agrícolas ilegales a las que incluso denuncia, sin la menor voluntad de actuar como debe y con los medios de que dispone; y que pretende ignorar que es la copiosa legislación autonómica protectora, existente desde hace tiempo, la que él mismo burla diaria y fervientemente, protegiendo expresamente a los infractores.
En perfecta sintonía con el poder político regional, marca la pauta y la ideología depredadora el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, elemento principal del poderoso lobby que impone el poder agrario en una región exhausta. Al frente, Lucas Jiménez, su cabeza visible, que se arroga un derecho eterno e intocable sobre las aguas del Alto Tajo, que es el argumento con el que, un día sí y otro también, pide, exige advierte y amenaza, dirigiendo sus dardos al gobierno de Madrid y su mirada torva y obsesiva al medio ambiente murciano. Todo esto, sin cuidar la disciplina interna, consintiendo, cuando no estimulando, la ampliación de regadíos (ilegales) y el aumento en el consumo de agua, anunciando acciones judiciales contra el gobierno de Madrid si no llega a sus regantes el agua que exigen.
Todo esto convierte en un problema nacional –político, agrario y ambiental– el caso murciano. Debido a esta actitud y a estas despolíticas, no es de esperar que nada positivo y serio ocurra en relación con el estado del Mar Menor (ni en la prevención de las inundaciones, que serán progresivamente más duras y repetitivas). Y también se da por seguro que el gobierno murciano se convierta en “objetor” de las medidas que, a favor del clima y de la transición ecológica, haya de adoptar el nuevo gobierno central; su hostilidad hacia las primeras medidas que sobre el problema del Mar Menor se han adoptado desde Madrid, subraya una insumisión necia y radical, haciendo cada día un poco más insostenible la región, no sólo al impedir el castigo merecido sino también amenazando y desafiando a quienes lo critican y ponen en evidencia.
Este caso (el de la insumisión murciana) invita a pensar en que también por motivos ecológico-ambientales debe darse cauce a la aplicación del intervencionismo del Estado (artículo 155 de la Constitución), si es que nos vamos a tomar en serio la crisis climática y sus innumerables y graves consecuencias; así como una modificación de la redacción del artículo 45, de protección del medio ambiente, incluyendo su grave alteración autonómico-institucional entre las previsiones de aplicación del 155.
Mientras tanto, y para frenar la deriva cutre y sediciosa del gobierno murciano y de la situación agro-ambiental de la región, el nuevo gobierno de Madrid deberá actuar rápido y con ejemplaridad. En primer lugar, destituyendo a los actuales responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como de la Comisaría de Aguas correspondiente que, siendo instituciones del Estado constituyen, en general, un nido de prevaricadores que manejan una potente maquinaria de consolidación de ilegalidades y consentidora de fechorías sin cuento contra el territorio, las aguas, los cauces, los acuíferos y la dignidad de la Cuenca del Segura; esta renovación ejecutiva debe ir acompañada de una investigación administrativa exhaustiva sobre sus prácticas y trayectoria desde 1985 y la nueva Ley de Aguas.
En segundo lugar, el gobierno de Madrid debe denunciar al gobierno murciano por prevaricación, desobediencia y deslealtad, en relación con la política de agua y regadíos. En tercer lugar, se debe investigar y aclarar el porqué de la llamativa inutilidad agro-ambiental de las fuerzas de la Guardia civil (SEPRONA), así como de las diversas guarderías (fluvial, costas, forestal), con el resultado de una impunidad generalizada en el ámbito del delito ecológico e hidrológico. Además, se deberá nombrar un Fiscal especial para los delitos del agro y el medio ambiente en esta región sin ley, retomando la investigación que en su día realizó el fiscal Emilio Valerio, desde Madrid, y que fue sofocada por la mala voluntad de las instancias judiciales murcianas; vendría muy bien, a este respecto, un Juzgado especial sobre delitos ambientales en el TSJ de la Región de Murcia. A ambos, al Fiscal especial y al Juzgado ad hoc, se les habrá de señalar expresamente la obligación de oír y documentarse ante las organizaciones civiles murcianas (especialmente, las ecologistas y las plataformas de defensa del agua), únicas entidades que, a lo largo del tiempo, se han opuesto a este interminable proceso de destrucción ambiental y de burla de la ley. https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/01/24/por-un-155-para-el-agrocanton-murciano-cutre-y-sedicioso/
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